La litigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige la observancia de una seria de recaudos de admisibilidad pero, a la vez, la existencia de un caso que involucre la violación de derechos humanos respecto del cual se hayan agotado los recursos internos. En el caso que comentamos brevemente aquí, había dos cuestiones disímiles que, en nuestro criterio, exigían la intervención de la CIDH ante la falta de respesta adecuada por parte del Estado Argentino. La petición se encuentra actualmente en trámite.
El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la salud de las personas privadas de su libertad. Existe una especial posición de garante del Estado frente a los detenidos porque -a diferencia de lo que ocurre en el medio libre- las personas sujetas a encarcelamiento no tienen posibilidad de acceso al sistema de salud si no es a través del propio Servicio Penitenciario. Existe consenso en afirmar que las cárceles representan espacios especialmente vulnerables ante el avance del COVID-19. También hay conciencia de que un contagio en los penales podría llevar a una crisis humanitaria, dentro y fuera de los penales. No obstante, no existe aún en nuestro país una decisión política, judicial o de política criminal que marque un camino unívoco para afrontar la problemática. Transcribimos abajo la denuncia que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque -según podrá advertirse- en ciertos casos específicos y frente a la pandemia, la privación de libertad, puede importar un trato cruel, inhumano y degradante. La denuncia también aborda un tema de suma relevancia, vinculado a la falsificación de elementos de prueba por parte de los agentes estatales y su correlación con el debido procso y la defensa en juicio.
